El Senado argentino debate la controversial Ley de Glaciares que impacta proyectos mineros

Escrito por Amir Richani para IIR News Intelligence (Sugar Land, Texas)

Resumen

El Senado argentino debate posibles reformas a la ley de glaciares del país. Grupos ambientalistas han expresado su preocupación, mientras que la cámara minera solicita claridad técnica dentro de los estándares ambientales establecidos.

El Senado argentino debate la controversial Ley de Glaciares que impacta proyectos mineros

El 26 de febrero, el Senado argentino inició el debate sobre cambios a la actual ley de protección de glaciares, que podría desbloquear miles de millones de dólares en inversiones mineras, pero ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas.

La ley actual protege los glaciares, que son acumulaciones de hielo y nieve compactadas durante largos períodos, y los ambientes periglaciares, en la medida en que cumplen funciones hídricas relevantes.

Entre las reformas clave del proyecto de ley se encuentra el cambio de autoridad operativa a los gobiernos provinciales, que identificarán qué glaciares y ambientes periglaciares cumplen las funciones de reserva hídrica de la ley y proporcionarán esa información para el inventario nacional, mientras que cada provincia establecería sus propios estándares para la protección de esas áreas.

Paralelamente, la reforma mantiene la prohibición de las actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas protegidas cuando estas causen una alteración relevante, y vincula dicha determinación a la revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la autoridad competente, que debe decidir si se puede autorizar una actividad.

Las modificaciones surgen de una solicitud de las provincias mineras de cobre y litio de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan para aclarar las definiciones de la ley vigente.

"La Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras.", declararon las provincias en un comunicado.

Además, solicitaron "herramientas y políticas para una adecuada evaluación ambiental por parte de las autoridades provinciales competentes".

De ser aprobada por el Senado, la ley pasará a la Cámara de Diputados para una nueva votación.

Comentarios sobre el nuevo proyecto de ley

Grupos ambientalistas han expresado su preocupación por la reforma, considerándola un posible debilitamiento de los estándares de protección actuales. Al respecto, Agostina Rossi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, afirmó: " Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental: en lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la ley, se busca ajustar la ley a los proyectos que ya están avanzando en zonas protegidas".

Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha acogido con satisfacción la reforma, sugiriendo que se podrían definir con mayor claridad las regulaciones técnicas sobre glaciares, ambientes periglaciares y áreas de posible desarrollo. Además, la CAEM señaló que en las regiones mineras, alrededor del 93% del uso del agua se destina a la agricultura, el 7% a la industria y, de ese 7%, solo el 1% se destina a la minería.

La CAEM también reafirmó sus esfuerzos por operar bajo altos estándares ambientales y proteger el medio ambiente.

Proyectos mineros

La reforma podría destrabar miles de millones de dólares en inversiones. El IIR monitorea 212 proyectos mineros en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, con un valor de US$52.800 millones.

Estos proyectos incluyen importantes desarrollos de litio como Sal de Oro de Posco y Rincón de Rio Tinto, así como grandes proyectos de cobre como Filo del Sol de Lundin y Josemaría (Vicuña), Uspallata de PSJ y Agua Rica de Glencore.

Algunos de estos proyectos han solicitado o han sido aprobados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por el presidente Javier Milei para atraer inversiones al país sudamericano a cambio de beneficios fiscales y legales.

Conclusiones clave

• El proyecto de ley otorgaría a las autoridades provinciales autonomía en la designación y protección de glaciares.
• Los grupos ambientalistas se han opuesto a la reforma, mientras que la CAEM apoya la decisión.
• Los principales proyectos de litio y cobre se verían afectados.

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