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Escrito por Amir Richani para Industrial Info Resources (Sugar Land, Texas)--Las protestas contra el gobierno en todo el país sudamericano están afectando las operaciones mineras y energéticas, los manifestantes exigen la renuncia de la nueva presidente y solicitan elecciones generales.

Desde el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo fue arrestado, Perú ha experimentado protestas que impactan las industrias y operaciones del país, especialmente en las provincias del sur, donde se encuentran muchas de las minas del país.

El 19 y 20 de enero, la empresa Antapaccay, subsidiaria de Glencore que opera la mina de cobre Antapaccay, emitió dos comunicados condenando los ataques a su infraestructura y operaciones.

El 19 de enero, la empresa dijo que un grupo de manifestantes atacó su infraestructura, lo que podría poner en riesgo las operaciones y a sus empleados. Además, Antapaccay destacó que estaba operando con solo el 38% del personal, ya que los bloqueos de carreteras y las protestas impidieron que la empresa entregara suministros y transportara a los trabajadores de manera eficiente.

Sin embargo, al día siguiente, Antapaccay informó que un grupo de manifestantes ingresó a su mina, exigiendo un comunicado de la empresa pidiendo la renuncia de la presidente de la república y la paralización de las operaciones en el sitio. Los manifestantes también atacaron la infraestructura de la mina. No se han publicado más declaraciones sobre la situación desde el 20 de enero.

Este incidente en Antapaccay no es aislado, por el contrario, otorga señales sobre el impacto que las protestas están teniendo en la infraestructura de todo el país. Este mes, Erick Ramos, secretario general del sindicato de trabajadores mineros de Las Bambas, dijo en una entrevista a TVPerú que los disturbios y los bloqueos de carreteras han interrumpido la entrega de suministros y el transporte de trabajadores de Las Bambas.

Estos incidentes parecen exacerbarse a medida que los manifestantes mantienen el control de las carreteras y las redes de transporte críticas en todo el país.

Mientras tanto, PetroPerú, la compañía petrolera nacional, ha informado durante enero sobre varios ataques al Oleoducto Norperuano (ONP), el oleoducto de 1106 km (687 millas) que transporta petróleo desde los estados del norte hasta la costa del Pacífico. El último ataque ocurrió el 18 de enero cuando los manifestantes cortaron el oleoducto, provocando un derrame de petróleo. Además, la empresa informó que no ha podido limpiar el derrame debido a las protestas.

Desde principios de este año, las protestas se han intensificado con varias zonas en estado de emergencia, incluida Lima. Los manifestantes exigen la renuncia de la nueva presidente Dina Bolouarte, quien asumió después de la detención de Castillo en diciembre, y elecciones generales anticipadas.

Hasta ahora, decenas han muerto en los disturbios y cientos han resultado heridos y arrestados.

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